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El fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, señaló este viernes que las intimidaciones y amenazas dirigidas contra el tribunal afectan la independencia e imparcialidad de su labor, y podrían considerarse un acto ilegal contra la administración de justicia.
En un comunicado publicado en X (antiguo Twitter), la Corte insiste en que cesen inmediatamente todos los intentos de impedir, intimidar o influir indebidamente a sus funcionarios.
El fiscal advirtió que incluso si no se lleva a cabo ninguna acción, el hecho de amenazar al tribunal podría considerarse un acto ilegal contra la administración de justicia de acuerdo con el artículo 70 del Estatuto de Roma, el tratado principal de la CPI.
Khan afirmó que su equipo busca establecer un diálogo constructivo con todas las partes involucradas, siempre y cuando este sea coherente con su mandato y actuar de forma independiente e imparcial de acuerdo con el Estatuto de la CPI.
Sin embargo, expresó que "la independencia e imparcialidad se ven socavadas cuando personas amenazan con tomar represalias contra la Corte o contra su personal si la Oficina, en cumplimiento de su mandato, toma decisiones sobre investigaciones o casos que caen dentro de su jurisdicción."
El tratado de la CPI prohíbe expresamente cualquier tipo de represalias contra funcionarios de la corte por el cumplimiento de sus deberes, así como cualquier intento de impedir, intimidar o corromper a un funcionario con el fin de influir en el desempeño de sus funciones de manera indebida.
Contexto
Estas declaraciones del fiscal llegan después de que el presidente de la Cámara de Representantes de EE.UU., Mike Johnson, calificara de vergonzosas e ilegales las supuestas órdenes de arresto contra funcionarios israelíes que se rumorean que la CPI está preparando.
La CPI ha estado investigando presuntos crímenes de guerra cometidos por las fuerzas militares de Israel y las milicias palestinas desde 2014 en los territorios palestinos ocupados, que incluyen la reciente guerra en Gaza.
Se ha rumorado que la CPI está preparando órdenes de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y otros altos funcionarios por su participación en la guerra en Gaza, aunque esto aún no se ha confirmado oficialmente.
La Corte cuenta con 124 miembros, pero ni Israel ni Estados Unidos forman parte de ella, ya que nunca han ratificado el Estatuto de Roma ni reconocen la legitimidad del tribunal en la investigación de los territorios palestinos.
Sin embargo, Washington respalda otras investigaciones de la corte, como la relacionada con la guerra rusa en Ucrania.
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