Laura Valli, jurista italiana: “La corrupción está imbuida en nuestra cultura”

 La presidenta de la red europea de agencias de protección de denunciantes lamenta el cierre de la oficina de Baleares

Laura Valli, miembro de la Autoridad Nacional Anticorrupción de Italia y presidenta de la red europea de Autoridades para la Integridad y la Protección de las personas alertadoras de corrupción (NEIWA, en sus siglas en inglés).

Laura Valli incide en que la corrupción “está imbuida en nuestra cultura”, de tal manera que pasa desapercibida o es admitida como algo normal. Por eso hay que combatirla desde la educación temprana en las escuelas y también desde las últimas tecnologías, como la Inteligencia Artificial (IA), que puede suponer “una transformación revolucionaria” en el análisis de datos y, por tanto, en la lucha contra la corrupción y la burocracia que tanto la dificulta. Ella sabe bien de lo que habla. Es miembro de la Autoridad Nacional Anticorrupción de Italia y preside la red europea de autoridades para la integridad y la protección de las personas alertadoras de corrupción (NEIWA, en sus siglas en inglés), que reúne a 37 entidades —de ámbitos nacional, regional o municipal— de 26 países. Esta red de intercambio de información y ayuda ha celebrado en Valencia su novena asamblea el pasado jueves y viernes.

“La corrupción ataca directamente al corazón de la democracia, además de generar grandes pérdidas económicas. Se paga mucho más de lo que cuesta algo y los más perjudicados siempre son las personas más pobres, con menos recursos. Las personas con más recursos pueden contar con alternativas”, explica en la sede de la Agencia Valenciana Antifraude esta jurista de 64 años. Tras ejercer una década como magistrada en su país, se mudó con su familia a Nueva Zelanda y posteriormente a Washington, donde trabajó en el Banco Mundial cuando se ponía en marcha la unidad anticorrupción, antes de volver a Italia en 2018.

Valli explica que la aprobación en 2019 por parte de la UE de la llamada directiva Whistleblowing (sobre la acción de “alertadores” o “denunciantes”) para la protección de los denunciantes de corrupción e infracción en las instituciones públicas o empresas ha supuesto un gran avance en la lucha contra la corrupción en Europa. “Todos los países han debido legislar al respecto, ha habido mucho debate. Para hacer emerger la corrupción, que siempre está abajo, es esencial proteger a los denunciantes, que han estado perseguidos por expresar sus ideas. La Directiva reconoce al whistleblowing dentro de los Derechos Humanos y el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo protege al denunciante sobre la base del artículo 10 de la Carta de los Derechos Humanos”, rememora.