POR EN MARZO 26, 2024 • (
Andrés Cañizález
El chavismo, que en febrero pasado sumó un cuarto de siglo en el poder, dio claras señales de su reducida capacidad o interés en tejer un nuevo espacio sociopolítico inclusivo en el proceso constituyente de 1999, sobre el cual una parte significativa de la sociedad tenía esperanzas de que abrieran una nueva etapa democrática plena en el país.
Si la irrupción pública de un hasta entonces desconocido Hugo Chávez, el 4 de febrero de 1992, se asoció con la frase “por ahora”, su juramentación como presidente electo por una nítida mayoría de venezolanos, el 2 de febrero de 1999, se recuerda por su descalificación de la Constitución de 1961, a la que bautizó como “moribunda”. La idea de un cambio constitucional, a inicios de los 1990 presentado como una reforma finalmente fallida, antecedió al Chávez que tuvo la bandera de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) como parte sustantiva de su primera etapa en el poder.
Se pensaba, entre no pocos venezolanos, que una nueva Constitución pondría fin a problemas tales como la desigualdad o la pobreza. La idea de que una nueva redacción constitucional, por sí misma, nos daría un nuevo país, fue tal vez una fantasía recurrente en ese fin del siglo XX. La realidad nos demostraría, años después y dolorosamente, que una carta magna, incluso hecha de buenas intenciones, puede terminar siendo letra muerta si la clase política en el poder no tiene voluntad de ponerla en práctica.
La ANC de 1999 como un ejercicio de poder
Ángel Álvarez, quien entonces dirigía el Instituto de Estudios Políticos de la Universidad Central de Venezuela (UCV), de forma clara y precisa resumió el proceso constituyente. Desde la elección de los constituyentes, con un reglamento que favorecía a los candidatos de Chávez, hasta la extensión de poderes para la ANC, y concluyendo con la redacción del texto constitucional, todo, en definitiva, fue un largo ejercicio de poder para el naciente chavismo.
Cuestionaba Álvarez que los recién llegados al Palacio de Miraflores sostenían un discurso en teoría democratizador, pero su práctica resultaba “tan conservadora, pragmática y elitista” como aquellas “cúpulas podridas” a las que se estaba desplazando del poder. La razón de la política terminó imponiéndose sobre el ideal romántico, comentaba el investigador en diciembre de aquel 1999.
El Centro Gumilla, por su parte, reflejaba una posición crítica del sector social de la Iglesia católica con un enfático editorial en SIC. La crítica se concentraba en el resultado, en el texto que finalmente se llevó a votación el 15 de diciembre de 1999. En la nueva Constitución, decía un editorial, se había impuesto una concentración de poder en la Presidencia, exacerbando lo que ya se cuestionaba de la Carta Magna de 1961, el presidencialismo del modelo democrático posterior a la dictadura de Marcos Pérez Jiménez.
Se había perdido, en aquella naciente Revolución Bolivariana, una oportunidad de oro para haber construido “un auténtico proceso constituyente”, decía el editorial, y al contrario se hizo un texto constitucional adaptado “a la talla y exigencias de la nueva fuerza emergente: Chávez y la policromía de adhesiones que conforman el chavismo”. El tema de la concentración del poder en Miraflores, mientras se daba un discurso en teoría federalista, resultó uno de los puntos álgidos para el Centro Gumilla, puntos que lo llebaron a sostener un público rechazo a lo que había generado la ANC en 1999.
Visto en retrospectiva, era difícil imaginar un resultado distinto de un proceso que nació justamente de un ejercicio de poder. Gracias al sistema de elección usado, apenas cinco constituyentes de un total de 131, no estaban identificados con el Polo Patriótico, con lo cual “la primera minoría del país”, como precisa Álvarez, quedó abiertamente sobrerrepresentada. Con el 60% de los votos se quedó con el 93,5% de los puestos en la ANC.
No sólo en números, sino también de manera simbólica, la dinámica constituyente cambió el centro de gravedad del poder, dejando fuera al agonizante bipartidismo. Las necesidades de reformas constitucionales que finalmente Chávez tomó como bandera, venían siendo discutidas en Venezuela desde los 1980, como lo precisa Ramos Jiménez. Sin embargo, la clase política terminó abortando las propuestas que surgieron desde varios frentes, incluyendo la labor fecunda que tuvo la Comisión Presidencial para la Reforma del Estado (COPRE), encabezada en un primer momento por Ramón J. Velásquez y hacia el final de su vida institucional por Carlos Blanco.
Un aspecto que pone de relieve Ramos Jiménez, tiene que ver con el carácter podría decirse de huracán que tuvo el chavismo inicial en 1999. La crisis del sistema estaba estudiada desde los 1980, pero el docente e investigador de la Universidad de Los Andes (ULA) creía que incluso hasta 1998 “resultaba muy aventurado plantearse como hipótesis de trabajo una crisis terminal de los partidos y del sistema bipartidista venezolano”, cosa que finalmente ocurrió y que tuvo un punto de inflexión con el ascenso de Chávez al poder gracias a las elecciones de 1998, que ya hemos analizado en un texto anterior.
En medio de la tragedia ganó el SÍ
La coincidencia de que el día de votación por la nueva Constitución fuese también la jornada de lo que ha sido, posiblemente, la peor tragedia humanitaria provocada por una catástrofe natural, asoció ambos hechos en torno al 15 de diciembre, en Venezuela. En los años que vendrán luego, el propio Chávez tuvo problemas para celebrar los aniversarios de “La Bicha”, tal y como la bautizó.
Con una abstención del 55,6%, finalmente validaron el proceso con su participación el 44,4% de los venezolanos en edad de votar. De ese total de votantes, el 28,2% dijo no, rechazaban la nueva carta magna. En números puros y duros, solamente 3.301.475 venezolanos se decidieron a favor de la nueva Constitución.
No estamos poniendo en duda la validez de aquel proceso, ya que la consulta cumplió con lo previsto en la ley, pero no parece ser cónsona con la dinámica de entonces. El país había tenido un año de intenso debate, con un jefe de Estado verborreico haciendo campaña día y noche , y de una población -en teoría- entusiasmada con el cambio. En el proceso constituyente de Chile, para tener un punto de referencia, el 88% de la población acudió a las urnas en diciembre de 2023 en una segunda ocasión, y por razones distintas, se rechazó una nueva Constitución.
Finalmente, en medio del shock nacional por la vaguada de Vargas, inmediatamente después de aprobarse la nueva Constitución, la ANC en lugar de cesar en sus funciones, pasó a ser el espacio de poder que finalmente fue. La ANC nombró un “Congresillo” con amplias facultades, echando por la borda al Congreso electo legítimamente en noviembre de 1998, y designó a otros poderes públicos: Fiscalía, Defensoría, Tribunal Supremo de Justicia, Consejo Nacional Electoral (CNE), todo bajo el argumento del “suprapoder” originario.
La concentración de poder que emanó de la nueva Constitución, tanto en el papel como en la práctica de la ANC, dejaba en evidencia tempranamente que la nueva época no sería una oportunidad de democratizar a Venezuela sino más bien una profundización de algunas falencias que se identificaban con la Carta Magna de 1961. Más que una nueva etapa, se iniciaba en realidad la fase final, exacerbada sin duda, del modelo democrático de 1961 ya agotado. Un cuarto de siglo después sigue sin vislumbrarse un nuevo modelo democrático y democratizador de Venezuela.
Fuentes:
Álvarez, Ángel (1999). “La constitución. Realismo político e ilusión democratizadora”. En: SIC. N° 620. pp. 465-467.
Centro Gumilla (1999). “Editorial. Nuestro no”. En: SIC. N° 620. pp. 434-435.
Ramos Jiménez, Alfredo (1999). “Venezuela. El ocaso de una democracia bipartidista. En: Nueva Sociedad. N° 161. pp. 35-42.
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