El candidato republicano, el expresidente Donald Trump, en Palm Beach, (Florida, EE UU), este martes.
Vía libre hacia la impunidad
La decisión del Supremo de EE UU que declara a Trump elegible para la Presidencia puede derivar en que el millonario quede exonerado de responder por los cargos que se le imputan
Donald Trump es elegible. Por unanimidad han sentenciado los nueve magistrados del Tribunal Supremo, únicos y máximos intérpretes de la Constitución. Lo hicieron el lunes, apresurados ante el Supermartes, para que el nombre del expresidente pudiera constar en las papeletas en la jornada decisiva que junta las primarias de 15 Estados.
La jurisprudencia no afecta a la velocidad con la que actúan los magistrados, que varía a gusto de la abrumadora mayoría que lo conforma, seis conservadores frente a tres progresistas. Cuando Jack Smith, fiscal especial que se ocupa del papel de Trump en el asalto al Capitolio, pidió en diciembre a los nueve jueces que resolvieran si el acusado gozaba de inmunidad presidencial recibió una inmediata y desdeñosa negativa a considerar el caso, pero se ha tomado todo el tiempo para resolver idéntica cuestión cuando ha sido el propio acusado el que lo ha solicitado ante la sentencia de un tribunal de apelación que rechazó la inmunidad absoluta que reclamaba.
La dilación y el control del calendario son esenciales en la estrategia de Trump para llegar a la Casa Blanca sin haber sido condenado y utilizar entonces sus poderes para exonerarse a sí mismo de los 91 cargos penales que se le imputan en cuatro procesos judiciales en marcha. Para conseguir la impunidad, debía saltar antes el obstáculo que representaba la decimocuarta enmienda de la Constitución, el texto que declara inelegibles a quienes hayan participado en una insurrección. Y esto ya está hecho. El Supremo ha decidido que tal limitación de derechos, pensada para los confederales esclavistas derrotados en la guerra civil, no podía aplicarse directamente, y quien menos podía hacerlo eran los jueces de un Estado federado, como es el caso de Colorado.
Hay pocas dudas sobre la intentona de Trump de perpetuarse en la presidencia en 2021 tras perder las elecciones, incluyendo sus interferencias en el recuento electoral y luego en la coacción sobre los congresistas. No es una cuestión que haya interesado al Supremo, a pesar de que tanto la sentencia de Colorado como el proceso de impeachment en el Congreso reconocen el carácter insurreccional de su actuación. Los nueve jueces han establecido, en cambio, que solo el Congreso puede legislar sobre su inelegibilidad, una forma sencilla de dificultarla con una disciplinada mayoría republicana en la Cámara de Representantes y la inalcanzable mayoría cualificada demócrata en el Senado.
De esta conclusión, que da vía libre a Trump en dirección a la impunidad, discrepan las cuatro juezas del Supremo, y no tan solo las tres progresistas, sino también la conservadora Amy Coney Barrett, todas disconformes con una muestra de activismo y de falta de contención de los otros seis jueces, todos hombres y conservadores, y de tan conservadores tan trumpistas. Si le acompañan los votos, Donald Trump, ya elegible, será inmune e impune como un rey, a solas por encima de la Constitución.
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