Caso federal contra Luisa Ortega Díaz avanza en Miami

 

Varios testigos, incluyendo un ex fiscal venezolano que trabajó de cerca con Ortega y se radicó en Estados Unidos, y uno de los intermediarios que operaba para Ortega, entre otros, han cooperado con las investigaciones federales, según fuentes que conocieron de las conversaciones con fiscales del Distrito Sur de la Florida.

Ortega ya ha sido mencionada como parte de un elaborado esquema de pago de sobornos en un caso criminal en Miami, que resultó en la condena del empresario venezolano Carlos Urbano Fermín.

Urbano Fermín se declaró culpable de conspirar para defraudar a Estados Unidos y admitió haber pagado alrededor de US$1 millón en sobornos a un “fiscal de alto rango”, presumiblemente Ortega Díaz, como manera de asegurarse que la Fiscalía de Venezuela detuviera cualquier investigación de sus multimillonarios contratos de construcción con la petrolera estatal Pdvsa.

El empresario fue sentenciado en mayo de 2022 a una pena de 120 días de prisión, así como 5 años de probatoria.

Ortega atribuyó la confesión de Urbano Fermín como producto de una estrategia del régimen de Nicolás Maduro para provocar una confesión para dañar su reputación.

Pero el caso de Urbano Fermín es apenas uno de varios en los cuales la fiscal Ortega habría recibido numerosos pagos irregulares a través del sistema financiero norteamericano, mientras fue Fiscal General de Venezuela.

Otro de los casos está centrado en los sobornos que presuntamente recibió mientras ejerció el poderoso cargo de Fiscal General en la era chavista, por parte de personalidades vinculadas al sector bancario en Venezuela.

Según una fuente de la oposición venezolana en Miami que conoció de la investigación, Ortega presuntamente recibió pagos de los banqueros Víctor Vargas y Tomas Niembro cuando ambos estaban al frente del Banco Occidental de Descuento (BOD), para controlar las indagaciones de la Fiscalía sobre un esquema de fraude dirigido desde el BOD y subsidiarias en Curazao (Banco del Orinoco NV) y Panamá (Allbank) en la que desaparecieron millones de dólares de cuentas en dólares pertenecientes a miles de cuenta-habientes venezolanos.

La Fiscalía nunca concluyó las investigaciones que implicaban a los directivos del BOD Vargas y Niembro, y actualmente los banqueros no enfrentan ningún tipo de sanciones por la desaparición de los millonarios depósitos.

Vargas vendió sus propiedades en Estados Unidos, incluyendo una mansión de US$77 millones en Palm Beach, una hora al norte de Miami, en 2017 presuntamente para evadir una amplia investigación criminal en su contra por su supuesta participación en esquemas fraudulentos y de pago de sobornos, revelaron las fuentes.

Una historia controversial

Durante diez años, entre 2007 y 2017, Luisa Ortega Díaz ejerció el poderoso cargo de Fiscal General. Fue acusada de haber perseguido judicialmente a venezolanos inocentes y de la oposición, incluyendo el ex candidato presidencial Leopoldo López.

La reconocida activista de derechos humanos Tamara Sujú calificó a Ortega de “inquisidora”, y declaró que no descansaría “hasta lograr que tú y tu grupo de fiscales que persiguieron sistemáticamente, intimidaron, acusaron y criminalizaron a la población, paguen todos sus crímenes”.

En marzo de 2017, Ortega mostró sus diferencias con el mandato del todavía presidente, Nicolás Maduro, y terminó siendo destituida del cargo, huyendo en agosto de ese año en una lancha rápida rumbo a Aruba, y de allí a Bogotá.

En noviembre de 2018, el gobierno colombiano le otorgó a la ex fiscal la condición de refugiada por su condición de perseguida política del régimen venezolano.

En octubre de 2021 solicitó asilo político en España, tras declarar que temía por su vida y que Maduro había enviado sicarios para asesinarla.

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