El Ministerio Público emitió órdenes de aprehensión contra personajes de la extrema derecha quienes pretendían sabotear el referéndum
Este miércoles, el fiscal General de la República, Tarek William Saab, informó el inicio de una investigación contra operadores financistas que intentaban sabotear el referéndum consultivo, desarrollado el pasado domingo 3 de diciembre, para la defensa del territorio Esequibo.
En rueda de prensa, el fiscal General detalló que las investigaciones revelaron una serie de financiamientos provenientes del lavado de activos de organizaciones internacionales y empresas extranjeras, entre ellas la ExxonMobil
Estas acciones —detalló William Saab—, apuntaban a “conspirar contra el desarrollo del Referéndum Consultivo por la Guayana Esequiba. Eso se vio claramente cuando el pueblo sale a las calles a votar masivamente por las cinco opciones afirmativas. Se dio un golpe a quienes estuvieron en contra de esta campaña”.
En esta trama estuvo involucrado Damián Merlo, de nacionalidad estadounidense, y conocido por ser un exasesor de política exterior vinculado a Donald Trump (expresidente de Estados Unidos) y asesor de Nayib Bukele (presidente de El Salvador).
Dichos financiamientos fueron monetizados a través de criptoactivos.
De igual forma, Merlo tenía contacto con otro estadounidense de nombre Savoi Jandon Wright, quien en estos momentos se encuentran detenido.
Las investigaciones revelaron que este hombre, utilizaba también criptomonedas, asú como efectivos para poder “evadir controles financieros y enmascarar el origen y destino de los fondos usados para conspirar”.
“Este segundo ciudadano estadounidense mantenía relaciones económicas con Claudia Macero, Pedro Urruchurto y Roberto Abdul, líderes de la organización Súmate”, añadió el fiscal General.
En este sentido, se detectó que estos ciudadanos, junto con Henri Alviárez, dirigían acciones desestabilizadoras y conspirativas.
En las investigaciones realizadas por el Ministerio Público también se reveló las conexiones de esta persona con algunas personalidades de la extremaderecha venezolana, que se encuentran prófugas de la justicia.
Por esta razón, el Ministerio Público emitió órdenes de aprehensión contra dichas personalidades.
Las órdenes de aprehensión son contra: Jhon Goicochea, Juan Guaidó, Julio Borges, Andrés Izarra, David Smolanksi, Lester Toledo, Carlos Vechio —quien trabajó en la Exxon Mobil entre 2000 y 2007 hasta el cierre en Venezuela—, Leopoldo López y Rafael Ramírez.
También se solicitaron órdenes de aprehensión en contra de operadores nacionales como Roberto Abdul; Henry Alviárez; Claudia Macero y Pedro Urruchurtu.
Todas estas personas serán imputados por los delitos de traición a la patria, conspiración, legitimación de capitales y asociación para delinquir.
Durante la rueda de prensa, el fiscal informó el inicio de la segunda etapa de las investigaciones, con la que se cuenta con un testigo protegido.
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