TSJ declara procedente solicitar a España extradición de Dinorah Figuera

 La aprobación de la solicitud fue firmada por la magistrada Carmen Marisela Castro. El Máximo Tribunal señaló a Figuera por la comisión de los presuntos delitos de traición a la patria, legitimación de capitales, usurpación de funciones y asociación


Caracas/Foto: Archivo.- El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) declaró procedente solicitar a España la extradición de Dinorah Figuera, diputada de la Asamblea Nacional (AN) del 2015. La solicitud de extradición contra la parlamentaria fue firmada por la magistrada Carmen Marisela Castro.

La aprobación de la solicitud por parte del Poder Judicial se conoció el jueves 5 de octubre. El Máximo Tribunal señaló a Figuera por la comisión de los presuntos delitos de traición a la patria, legitimación de capitales, usurpación de funciones y asociación.

El expediente del proceso fue ingresado a la Sala de Casación Penal del TSJ el 5 de septiembre por el Tribunal Especial Segundo de Primera Instancia en Funciones de Control con competencia en Terrorismo.

De acuerdo con la sentencia del TSJ, el abogado Farik Karin Mora Salcedo, en su carácter de Fiscal Titular Sexagésimo Séptimo del Ministerio Público a Nivel Nacional con Competencia Plena, fue quien fundamentó la solicitud de Extradición Activa contra Figuera.

Entre los argumentos presentados por Mora Salcedo se encuentra el acto en el que Dinorah Figuera fue 

nombrada y juramentada como directivo de la AN-2015, pese a haberse vencido el período. También se argumentó que tras estos hechos se llamó al desconocimiento del gobierno de Nicolás Maduro.

«Quedando en evidencia que, efectivamente, se encuentra conformada una estructura de delincuencia organizada, quienes bajo la figura de cargos parlamentarios, usurpan funciones, haciéndose llamar diputados y miembros de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, quienes además tienen como principal objetivo tomar control de activos del Estado venezolano existentes en el exterior asumiendo indebidamente una función pública, buscando así financiar actos conspirativos en contra del Estado y sus Instituciones», alegó.


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