Exfuncionarios del gobierno de Hugo Chávez aseguran que la toma de la cárcel de Tocorón obedece a una «coyuntura política» que le permite a la administración de Nicolás Maduro retomar el control territorial ante un escenario electoral en 2024. El «pacto criminal» entre el Estado venezolano y los líderes de las cárceles comenzó bajo la gestión de Tareck El Aissami como ministro de Interiores, hoy en paradero desconocido tras el escándalo de corrupción en la estatal Pdvsa
El operativo policial que inició el Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz el pasado 20 de septiembre para tomar el Centro Penitenciario de Aragua, mejor conocido como la cárcel de Tocorón, es una medida que obedece a una coyuntura política, más que a una estrategia de seguridad en favor del pueblo.
Así lo consideran el exministro de Comunicación Andrés Izarra, el exfiscal del Ministerio Público, Zair Mundaray, y una exfuncionaria cercana a la gestión de prisiones en el país que conversó con TalCual bajo anonimato.
El exministro Andrés Izarra destaca que la toma de la cárcel de Tocorón no forma parte de una política en materia de seguridad de la administración de Nicolás Maduro. De ser así, «no hubieran dejado que se transformara en una ciudadela del hampa».
«Esto obedece más a una coyuntura política, algunos especulan que debido a las presiones internacionales que pesan sobre Maduro por el carácter transnacional del Tren de Aragua, o negociaciones con Estados Unidos», señala.
Recuerda que la primera vez que escuchó el término de pran o pranato fue durante la gestión de Tareck El Aissami frente al Ministerio de Relaciones Interiores (2008-2012). El paradero de El Aissami se desconoce desde su renuncia como ministro de Petróleo, tras el escándalo de corrupción Pdvsa-Cripto.
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Asegura que el madurismo actúa «con golpes de mano para avanzar sobre una situación, no con una visión estratégica o un plan a seguir. Dominados por la situación, improvisan».
El abogado Zair Mundaray, exfiscal y exdirector de Actuación Procesal del Ministerio Público, asegura que el modelo de Estado implantado en los últimos años «no está diseñado para brindar seguridad, está diseñado para el control social, y uno de los mecanismos de control social es que la gente tema a la criminalidad, tema a la extorsión».
Todas las formas de violencia, explica Mundaray, generan mecanismos para que la sociedad no se articule en favor de la democracia. «Por eso es que en el caso venezolano es un modelo de Estado híbrido, que pacta con grupos delincuenciales donde delega territorio y funciones públicas».
Pone como ejemplo el caso de los colectivos y las Cupaz, creadas o apoyadas desde el mismo gobierno o estructuras partidistas oficialistas. Estos colectivos han sido señalados por organismos internacionales como colaboradores en la represión, intimidación y amenaza contra personas opositoras o que perciban como tales.
Probablemente es una coyuntura política, dice Mundaray, pero además de la presión internacional por el crecimiento del Tren de Aragua, también considera que la toma puede responder al cambio de actores políticos.
«El Estado a través de sus instituciones se mantiene a flote con rentas criminales, por eso requiere que haya organizaciones criminales que ejecuten algunas de las acciones, pero que no estorben la actividad del Estado o no crean que pueden empoderarse tanto hasta que no le pongan límites», afirma.
En cambio, una exfuncionaria cercana a la gestión de cárceles, que pidió mantenerse en el anonimato, considera que esta toma de Tocorón puede responder al «derrumbe del ejército hamponil de Tareck El Aissami».
«Con un jefe de ese ejército defenestrado, que es Tareck El Aissami, deben desmantelar para tomar el control. Los quiebran para que se reorganicen y se pongan en manos de otro vocero. No digo que el gobierno de Maduro quiera esa situación, simplemente está y tienen que hacerse cargo», afirma.
Esto no es propaganda electoral, insiste, «es una necesidad de control porque tienen que manejar el territorio y controlar la violencia. Necesitan que esos líderes negativos sepan que tienen tienen un jefe político al que rendirle cuentas».
El pacto criminal
La exfuncionaria señala a Ysmel Serrano, exdirector de Prisiones en la época de Tareck El Aissami como ministro de Interiores, como la persona que permitió el cobro de vacunas dentro de los cárceles, para «instaurar un sistema de castigo porque no querían más números rojos. El presidente (Hugo) Chávez decía que no quería más muertos. ¿Cómo lo consiguieron? Pactando con los pranes».
Ahí es donde nace el pranato, el cobro de vacunas, asegura. «Se acaban los asesinatos, pero se sustituye por un sistema de castigos horrorosos: podían violar a la hermana de un recluso si se ‘comía la luz’, como dicen en el argot penitenciario, los tiraban de pisos altos y les fracturaban para trasladarlos, les prohibían comer más y había que trasladarlos».
Ysmel Serrano está detenido desde el 19 de abril de este año, por su presunta implicación en la trama de corrupción Pdvsa-Cripto. Para el momento de su arresto fungía como vicepresidente de Suministro y Comercialización de Pdvsa, justamente como ficha de El Aissami.
El exfiscal Zair Mundaray recuerda que una de las razones para la creación del Ministerio de Servicios Penitenciarios (julio de 2011) era detener el poder e influencia de los presos en las cárceles, pero se les entregó el control a los pranes a cambio de la «pacificación» de estos recintos. La exfuncionaria coincide que con la llegada de Iris Varela a este escenario se «consolida» el pranato.
Iris Varela salió del Ministerio de Servicio Penitenciario en septiembre de 2019. Actualmente es diputada de la Asamblea Nacional
También destaca la creación de la figura de interlocutores con los pranes, que involucró a figuras como Ugueth Urbina, a quien identifica como uno de los primeros líderes negativos de la PGV, y Antonio «el Potro» Álvarez. Mundaray agrega el nombre de Alexander «Mimou» Vargas a esa lista.
Esto «para que puedan hacer sus peticiones y se les permita libremente actuar, pero dejan de ser funcionales cuando se desbordan en violencia o son sustituidas por otros grupos. En la Cota 905 se cambió una organización criminal que fue bastante funcional por una fórmula de colectivos, que es lo que finalmente quiere ir imponiendo el régimen en todos los lugares. Las megabandas, en la medida que son funcionales, se mantienen y cuando el Estado decide que ya no lo son, demuestra fuerza y las elimina por la vía violenta», afirma el abogado.
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Mundaray también pone como ejemplo la banda de «El Topo», que funcionaba en el estado Bolívar y, asegura, contaba con la venia del exgobernador Henry Rangel Silva. «Cuando cometieron la masacre de Tumeremo, el gobernador Rangel Silva fue el primero que salió a decir que eso era mentira, que eso no había ocurrido. La investigación en la que participé demostró dónde estaban los muertos. Así ocurre con algunas organizaciones en Táchira que protege Freddy Bernal o algunas organizaciones protegidas por Iris Varela que salen de las mismas cárceles».
Además, el exfiscal recuerda que estas organizaciones, como sucedió con el Niño Guerrero dentro de Tocorón, también llevan sus tentáculos fuera de la cárcel, donde ponen en práctica otras formas de financiamiento más allá de la «causa», como el robo, la extorsión y el secuestro.
«Por eso es que ves que todas las balas que incautaron son de Cavim, son del Estado. Las armas son del Estado, tienen granadas del Estado. Ahí hubo una cooperación de funcionarios de bajo, medio y alto nivel que les conviene que se mantenga ese estado de cosas que es muy productivo en lo económico», añade el abogado.
Tocorón, ¿único operativo?
El exfiscal Zair Mundaray señala que es difícil saber si este operativo en Tocorón se replicará en cárceles donde hay régimen del pranato. Según el Observatorio Venezolano de Prisiones, las cárceles de Tocuyito, Puente Ayala, San Felipe, Vista Hermosa y Trujillo son las restantes que mantienen la figura del pran como fuente única de control. El resto está bajo régimen penitenciario.
Mundaray destaca el caso particular de Puente Ayala, donde ningún gobernador del estado Anzoátegui ha empujado para el control de este recinto penitenciario. Lo mismo ocurre en Tocuyito (Carabobo), dice.
Comenta que estos operativos para tomar cárceles son procesos anárquicos y con debilidades, pues no existe una identificación biométrica de la población carcelaria del país que permita una identificación efectiva en caso de desalojo de este tipo de recintos.
«Al día de hoy no pueden saber cuántos realmente les faltan, porque tienen años que no tienen conteo. No saben cuántos son presos reales porque muchos vivían ahí con sus familias, son un pueblo completo. Esos niveles de anarquía están hechos a partir de pactos criminales».
La exfuncionaria de prisiones señala que al gobierno no le conviene una nueva intervención como la de Tocorón e insiste en que el Estado debe tener el control de los reclusos, «no que los reclusos estén bajo el mando de otros. Eso es una privatización malandra. Qué más violatorio de los derechos que eso, que el Estado no pueda responder por la vida de un preso. Ese es el verdadero problema».
Con esta exhibición de fuerza contra el «intocable» de todos los pranes se da un mensaje, dice la fuente. «Que ahora necesitan hablar con el gobierno, y quién se ponga rebelde va a tener a 11 mil o 15 mil funcionarios frente a su negocio, porque los pranes tiene un negocio».
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