Julio César Villarreal, presunto responsable de la desaparición de los 30 millones de dólares destinados al seguro médico de los trabajadores de PDVSA, fue un jefe autoritario durante su paso por varios organismos del Estado
Julio César Villarreal Abreu es otro oscuro personaje del oficialismo que, gracias a la corrupción, ha sido encandilado por la mala fama que hoy lleva a cuestas: de anónimo funcionario de segunda en varias administraciones chavistas, Villarreal Abreu es ahora otro de los más buscados por los 30 millones de dólares desaparecidos durante su corta gestión como interventor de Multinacional de Seguros, cargo que le regaló el entonces ministro Tarek El Aissami, otro desaparecido en esta trama.
Contador Público inscrito en el Estado Miranda, hasta hace poco vecino de San Bernardino en Caracas, Villarreal tiene al menos dos demandas mientras fue Presidente del Instituto Municipal de Crédito Popular (IMCP) durante la gestión del alcalde Freddy Bernal. Demandas que perdió porque su conducta era violatoria de la ley del trabajo, como señalaron entonces ambas sentencias.
El primer caso fue contra Wendy Ruiz y su esposo, Jose Gregorio Salazar, empleados desde el 2001 en el IMPC. En 2009, ella dio a luz a un niño y cuando regresó a su trabajo – era gerente de contabilidad-, tanto ella como su esposo «fueron puestos a la orden de la Gerencia de Seguridad del Instituto de marras por instrucción del Presidente del mismo, ciudadano Julio Cesar Villarreal Abreu», como señala el expediente del TSJ.
«El día lunes 8 de febrero… se presentó en la oficina una Comisión del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), se lee en el expediente, y los detuvo, llevándolos primeramente a la División de Capturas; al día siguiente fueron trasladados hasta la sede de los tribunales penales para ser presentados ante el Tribunal 19 de Control”. En el expediente exigen la nulidad de la detención, señalando que “La conducta asumida por el ciudadano Julio César Villareal Abreu, en su carácter de Presidente del Instituto en referencia, es decir, como funcionario público, resulta por demás violatoria de la Constitución en sus artículos 137, 139 y 141, por su irrespeto a la aplicación del Principio de Legalidad en su actuación en el ejercicio del cargo”. En el expediente también se lee que ambos solicitaron conversar con el presidente, el cual nunca los atendió. Y «que se les ha negado la reincorporación a su puesto de trabajo, su cuenta corriente de nómina se encuentra suspendida, y su cuenta de ahorro bloqueada, no le han pagado la mensualidad que corresponde por guardería de su hijo, lo que a su decir, se constituye en un acto ilegal, ya que el presidente del organismo no tiene autoridad para materializar tales actuaciones… que han impedido sufragar los gastos de manutención de su hogar integrado por su concubino y sus tres hijos de siete y tres años de edad, y el último de siete (07) meses, e igualmente se le ha negado la entrega de los tickets de alimentación correspondiente a los meses de febrero y marzo de dos mil diez (2010)».
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