¿Debe un candidato o candidata tratar de ganarse la confianza del electorado alentando su posibilidad de triunfo, aunque las condiciones actuales le sean adversas?
¿Debe un candidato o candidata tratar de ganarse la confianza del electorado alentando su posibilidad de triunfo, aunque las condiciones actuales le sean adversas? Por supuesto que si. Se respeta su derecho a hacerlo, porque se trata de mantener la esperanza y la lucha. Pero mi trabajo como analistas es diferente y hasta antipático para algunos. Se trata de analizar las posibilidades reales de una estrategia política o de un líderazgo en particular. No analizo el entorno para generar esperanzas o desesperanzas, tampoco en función de mis deseos o temores; lo examino para entender su dimensión real, calcular probabilidades de ocurrencia, facilitar la toma de decisiones y ajuste de estrategias y, finalmente, para que las expectativas se manejen racionalmente.
Así como un candidato o candidata tiene derecho a motivar a la gente con sus sueños y promesas, los analistas estamos obligados a examinar la realidad sin sesgo ni edulcorantes. Así las cosas, por un lado podrán oir a un político inhabilitado proclamar su triunfo en las primarias y asegurando que se inscribirá en las elecciones presidenciales aunque esté inhabilitado (y si no lo dejan ofrecerá lanzarse a una batalla de calle por sus derechos legales) y, por otra parte, leer a la mayoría de analistas políticos decir que lo más probable es que nada de eso ocurra. Podrá venirse una dura negociación política para que algunos de los líderes (moderados) logren ser habilitados. Pero un inhabilitado radical en primarias, por muy triunfador que resulte en ese evento, estará impedido de participar en las presidenciales, puesto que la institucionalidad que lo inhabilitó es la misma que conducirá la elección presidencial y no hay razones para pensar que ahora si se le autorizará. Es posible que ningún inhabilitado pueda participar, pero si hubiera alguna opción, parece claro que estaría reservada sólo a líderes dispuestos a negociar políticamente, lo cual excluye, por definición, a los radicales, cuya posibilidad de habilitación es prácticamente nula. A mi, en lo particular, las inhabilitaciones me parecen una violación a los derechos democráticos. Pero no se trata de la constitucionalidad. Hablamos sobre la base de un hecho empírico, fáctico, a la vista de todos, que se ha repetido por años y no se vislumbra que vaya a cambiar.
Sobre la segunda dimensión, que plantea una lucha no electoral por la defensa de esos derechos, basta mirar el pasado para justificar nuestro escepticismo, pues significa entrar en un campo donde el adversario es infinitamente más fuerte y más hábil. Los gritos de guerra de camping de adolescente, los mensajes de notables juristas retirados, las declaraciones encendidas de inteligentes y talentosos profesionales, son inútiles para las ''feroces" batallas imaginarias que plantean.
Por lo pronto luce mucho más racional alcanzar acuerdos internos para garantizar que, una vez finalizadas las primarias (si es que pueden finalizar), la oposición tenga la fortaleza para unirse alrededor de un líder o de una lidereza que pueda participar en el proceso electoral (incluso en condiciones no competitivas) capaz de mover a la gente hacia lo que sabe y quiere hacer: VOTAR. Y con su voto masivo mostrar la fuerza y construir el momentum de la verdad, evocando la historia latinoamericana en Perú, Nicaragua, Chile, Bolivia, México, o más cerquita: Barinas; o al menos articularse para continuar su lucha en el futuro. Que pena contradecir las arengas emocionales de algunos líderes populares (en todo su derecho a participar), pero la realidad indica que más vale líder habilitado activo y unitario en una elección sesgada que líder inhabilitado generando esperanzas falsas y comprando, otra vez, todos los tickets para una decepción masiva.
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