Brian Contreras
Las sanciones han sido un argumento habitual empleado por Maduro y demás voceros del chavismo a la hora de evitar negociaciones para subir el salario, pero muchas decisiones tomadas recientemente apuntan a que, con o sin las medidas de Washington, no hay voluntad política para mejorar el poder adquisitivo del venezolano
Entre las muchas deudas que acumula la administración de Nicolás Maduro con la población venezolana, destaca el salario mínimo, enterrado a su peor nivel en la historia democrática del país, que somete a los trabajadores de la administración pública a un poder adquisitivo que impide cubrir las necesidades básicas.
La política salarial del chavismo ha cambiado con el paso del tiempo, siempre adaptándose a la narrativa y necesidades del Gobierno.
Los incrementos constantes eran la norma en un contexto de políticas populistas, que perdieron su efectividad entre 2017 y 2019, cuando la hiperinflación disolvía en cuestión de horas cualquier ajuste.
Ahora la tendencia es la contraria y el chavismo posterga tanto como puede los incrementos salariales, lo que se traduce en la pérdida del poder adquisitivo de una población sometida, aún, por la inflación y la devaluación.
El último incremento salarial decretado por Maduro se produjo el 16 de marzo de 2022. Desde entonces, el salario mínimo se fijó en Bs 130 que siguen vigentes a día de hoy, 18 meses más tarde. Ese monto, que en aquel momento equivalía a $30,3, se devaluó y ahora representa $3,96 según el tipo de cambio establecido por el Banco Central de Venezuela (BCV).
El pasado 1° de mayo se produjo otro ajuste, pero de remuneración y no salarial. Maduro hizo malabares con los montos para otorgar más dinero por a través de bonos otorgados por concepto de cesta tickets y asignaciones del sistema patria.
Esta medida quebrantó decenas de derechos laborales y condicionó a los trabajadores de la administración pública a calcular sus beneficios en función de la porción menos cuantiosa de su pago, esos Bs 130 que no se ajustaron.
Tras todas estas decisiones tomadas meticulosamente según los contextos políticos que ha afrontado el chavismo, voceros como los diputados José Guerra y ahora José Gregorio Vielma Mora afirman que Maduro «sufre» por no poder incrementar los salarios.
Ante estas circunstancias, TalCual hace un recuento de cinco medidas tomadas por Nicolás Maduro recientemente, con las cuales no demostró «sufrir» por no incrementar los salarios ni menoscabar los derechos de los trabajadores que dice representar como «presidente obrero».
Instructivo Onapre
En un esfuerzo desmedido por ahorrar recursos prescindiendo de sus obligaciones patronales, la administración de Maduro dio luz verde a un instructivo emitido por la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre), un documento que establecía términos de pago de salario y beneficios que contravenían lo dispuesto en las convenciones colectivas e incluso en las leyes.
Entre otros elementos, el instructivo Onapre modificaba las tablas salariales y las primas a recibir por cada trabajador, lo que repercutía directamente en beneficios como el pago de vacaciones. En el caso de algunos trabajadores, la cantidad que debía pagar el Gobierno se reducía a la mitad.
Ya que el instructivo Onapre comprendía una evidente violación a los derechos laborales, los trabajadores se lanzaron a las calles durante meses para exigir su derogación. Las movilizaciones fueron encabezadas por profesores de educación universitaria, especialmente afectados por las tablas salariales y las primas condicionadas por esta medida.
Aunque la administración chavista pareció haber reculado parcialmente aprobando pagar un bono vacacional único —en lugar de hacerlo fraccionado en cuatro partes, como pretendían hacerlo—, no cedió a ninguna otra exigencia y en algunos casos ese pago nunca se efectuó.
Por si fuera poco, al menos una veintena de funcionarios jubilados y pensionados introdujeron un recurso de nulidad ante el Tribunal Supremo de Justicia contra el instructivo Onapre. La respuesta recibida fue una sentencia en la que se declaraba inadmisible el recurso, catalogando el instructivo de «inexistente» e imponiendo una multa de $2.650 a los demandantes y sus abogados.
Falsa indexación del salario
La indexación del salario es una de las exigencias más reiterativas de los trabajadores. Que el salario esté anclado a un monto en divisas evita que pierda valor y que el pago no sea perjudicado por la devaluación, aunque pueda seguir quedando a merced de la inflación. Maduro ha prometido en más de una ocasión aplicar una modalidad de este tipo
La primera vez que ofreció una indexación fue con el aumento salarial de marzo de 2022, al afirmar que los Bs 130 estarían fijados al valor de medio petro, equivalente a $30. Sin embargo, con el pasar de los meses, el monto se fue devaluando y nunca fue ajustado nuevamente.
Lo hizo una vez más con el último ajuste de mayo de este año, cuando prometió que el cesta ticket de Bs 1.000 estaría indexado al dólar y siempre tendría que representar un monto de $40. Han transcurrido cuatro meses y la paga sigue siendo de Bs 1.000, que ahora se traducen en $30,81, por lo que el cesta ticket ya perdió el 23% de su valor.
IGTF para todos
El 28 de marzo de 2022 entró en vigencia la Ley del Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras (IGTF), un instrumento que, en pocas palabras, estableció un impuesto al dólar.
Antes de la promulgación de la ley, voceros del oficialismo, incluido el propio Maduro, vendieron este impuesto como una obligación que solo aplicaría para las personas más adineradas, lo que constituyó una mentira a todas luces.
«Nuestra misión es cobrar más al que más tiene y cobrar menos o nada al que menos tiene. La reforma que se hizo en la Asamblea Nacional es para cobrarle más a los que más tienen, a los millonarios. Ese dinerito que viene allí, que pueden pagar porque tienen bastante», aseguraba Maduro.
No obstante, el IGTF establece una alícuota de 3% a cualquier persona efectúe una transacción utilizando dólares. En este sentido, si alguien gasta $10 en una compra cotidiana, deberá pagar 3% (Bs 9,83) adicional para cubrir este impuesto.
La medida afectó a todos los venezolanos, no solo a los grandes capitales como afirmó a Maduro, sino también a aquellas personas que cobran salario mínimo.
ISLR mayor al salario mínimo
El 31 de marzo es la fecha límite para declarar y pagar el Impuesto Sobre la Renta (ISLR), pero en los últimos años la norma para las personas naturales era no pagar, especialmente la población que cobraba salario mínimo.
El pago era evitado porque la norma marcaba como exigencia que el trabajador devengara más de 1.000 Unidades Tributarias (UT) anuales de salario, una cantidad que era difícil de superar para quienes cobraran sueldo mínimo.
No obstante, en 2023 la situación cambió. Con el estancamiento del precio de la UT en Bs 0,40, el límite de 1.000 UT se traducía en Bs 400 anuales, monto superado por cualquier trabajador del país.
El monto de Bs 130 de salario mínimo generaba, dependiendo del caso y del desgravamen, un pago del ISLR de entre Bs 130 y Bs 180.
Este compromiso se cumplió antes del último ajuste de la remuneración aprobado en mayo, por lo que un trabajador de la administración pública que quisiera pagar sus impuestos en una sola transacción —ya que es posible segmentarla en tres partes a pagar en tres meses—, habría invertido en aquel entonces todo su salario para cumplir con esta obligación.
Bienes de la corrupción incautados
Después de meses promocionando el «mayor crecimiento económico del mundo», el discurso de Maduro sufrió un revés cuando se destapó el escándalo de corrupción denominado Pdvsa-Cripto, protagonizado por el entorno del entonces ministro de Petróleo, Tareck El Aissami, una de las piezas clave de la cúpula chavista desde hace años y que ahora suma medio año desaparecido.
Como parte de esta trama de corrupción, al menos $3.000 millones de dólares de renta petrolera se perdieron en billeteras electrónicas administradas por la Superintendencia Nacional de Criptoactivos (Sunacrip). A este monto se sumaron facturas que nunca fueron cobradas por Pdvsa y decenas de activos producto de actividades de corrupción.
El oficialismo decidió meter la mano en estos activos para recuperarse de la pérdida y afirmó que los pondría a disposición de la población a manera de retribución por los fondos malversados.
Su manera de «ponerlos a disposición de la población» fue entregando las primeras incautaciones —que incluyeron dinero, edificios, apartamentos, fincas, embarcaciones, carros de lujo y un largo etcétera— a la Policía Nacional Bolivariana (PNB).
«Esos bienes deben ir para el pueblo de Venezuela, para los servicios públicos y servicios de seguridad. Esto y los recursos monetarios, que estamos detrás de ellos», declaraba tras designar 500 vehículos de lujo decomisados al cuerpo policial.
Centrales sindicales como la Central de la Alianza Sindical Independiente (ASI) proponen tomar en cuenta un «indicador de corrupción» en las discusiones salariales, para tomar en cuenta todo el dinero de las arcas públicas que se ha robado y ha dejado de llegar a los bolsillos de los trabajadores.
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