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Cada 30 de julio se conmemora el Día Mundial contra la Trata de Personas, un delito creciente en Venezuela que se ha agudizado en los últimos años asociado a la crisis humanitaria compleja, y en especial a la vulnerabilidad de niñas, niños, adolescentes y mujeres migrantes, quienes son las principales víctimas de las redes de trata que se expanden a una velocidad mayor que la capacidad de desmantelarlas
Cada 30 de julio se conmemora el Día Mundial contra la Trata de Personas, un delito creciente en Venezuela que se ha agudizado en los últimos años asociado a la crisis humanitaria compleja, y en especial a la vulnerabilidad de niñas, niños, adolescentes y mujeres migrantes. Diversos informes reportan que el Estado venezolano no cumple con los mínimos estándares de atención y sistematización para atender este problema, por lo que las redes de trata se siguen expandiendo a una velocidad mucho mayor que la capacidad de desmantelarlas y de brindar atención especializada a las víctimas.
La ausencia de datos oficiales públicos, desagregados y periódicos complican la posibilidad de unir esfuerzos entre las instituciones del Estado y las ONG que abordan el tema, debido a que no se puede determinar las dimensiones y el alcance de las redes de trata, mapear zonas y determinar rutas y modus operandi.
En el marco del 85º período de sesiones del Comité Cedaw, realizado del 8 al 26 de mayo de 2023, Alana Zuloaga, viceministra de política interior y seguridad jurídica del Ministerio de Interior, Justicia y Paz, expresó: “Queremos comprometernos públicamente en un plazo máximo de 15 días a hacer público el plan de trata de nuestra patria”, pero hasta julio no se había hecho público ningún aspecto específico de este plan nacional que tiene como objetivo definir las líneas de acción para atacar este delito.
La ONG Acceso a la Justicia explica que en la Gaceta Oficial N° 42.173, con fecha 21 de julio de 2021, se decretó la elaboración de este Plan nacional contra la trata de personas que debía comprender el período 2021-2025, pero el decreto solo describe las funciones de las comisiones, pero no un plan en sí, por lo que la ONG destaca que más que un plan, la realidad exige que se establezcan mecanismos eficaces que prevengan las actividades de estos grupos de delincuencia organizada.
En el Informe sobre la trata de personas 2023, publicado el 15 de junio de este año por el Departamento de Estado de Estados Unidos, el gobierno de Venezuela no está haciendo ningún esfuerzo contra la trata de personas, ya que no cumple con los estándares mínimos para combatirlo. A pesar de crear una fiscalía especializada en investigar y enjuiciar casos de trata de personas, no se informó de ninguna asistencia a las víctimas ni de investigaciones, procesamientos o condenas de traficantes, además de que la legislación venezolana no criminaliza todas las formas de trata de personas y no reconoce a hombres y niños como víctimas en casos no relacionados con grupos criminales organizados.
Mientras los organismos del Estado llevan más de dos años definiendo un plan nacional de trabajo para abordar este problema, diversas ONG e instituciones internacionales han documentado cifras, lugares, casos, rutas y modos de captación dentro y fuera del territorio venezolano.
Amnistía Internacional ha recopilado algunas de ellas. Por ejemplo, en su reporte anual 2022-2023 indicó que las mujeres refugiadas venezolanas encontraban mayores dificultades para acceder a la protección internacional en los países de acogida, como Colombia, Ecuador, Perú y Trinidad y Tobago, lo cual las exponía a un mayor riesgo de sufrir múltiples formas de violencia de género, incluidas la violencia sexual y la trata de personas con fines de explotación sexual y laboral.
La ONG Mulier Venezuela registró 1.390 mujeres venezolanas rescatadas de las redes de trata de personas durante 2022, de las cuales 284 son niñas y adolescentes, es decir cien más que las registradas en 2021 cuando se reseñó el rescate de 184 niñas y adolescentes, lo que indica el aumento de esta población aún más vulnerables como víctimas de trata.
La ONG Tinta Violeta ha documentado denuncias de desapariciones de adolescentes y adultas venezolanas. Todas dejaron de tener contacto con sus familiares después de emigrar y en todas se observaba el patrón de que fueron captadas ofreciéndoles trabajo de camareras, promotoras de marca, aseadoras domésticas, entre otros oficios para laborar fuera de Venezuela.
La ONG Fundaredes ha identificado a los estados Delta Amacuro, Falcón y Sucre como puntos «calientes» donde operan redes de trata de personas que trafican con migrantes venezolanos, que tienen conexiones con otras redes internacionales que operan en Norteamérica y Europa. Según el boletín #43 de esta organización, en marzo de 2023, mujeres venezolanas menores de 25 años de edad que habían sido captadas por redes de trata fueron liberadas por autoridades españolas.
El informe de la Misión de Determinación de Hechos de las Naciones Unidas sobre Venezuela documentó que las mujeres indígenas en el Arco Minero del Orinoco del estado Bolívar son las principales víctimas de situaciones de esclavitud moderna, violación a sus derechos y son sometidas a la trata para explotación sexual y trabajos forzados en las minas.
El Observatorio de Violencia ha reseñado que las captaciones de menores de edad en varias zonas del estado Táchira para realizar trabajos sexuales han aumentado en frecuencia. Por ejemplo, en el municipio Panamericano ocurrió el desmantelamiento de una red de explotación sexual y el rescate de dos adolescentes de 11 y 14 años, quienes eran exhibidas en plataformas digitales. La organización indica que el estado Táchira se ha convertido en una ruta de salida de jóvenes captadas para ser trasladadas a otros países. Allí se rescataron a dos adolescentes de 17 y 16 años, oriundas de Puerto La Cruz. Las mafias pretendían sacarlas del país por el puente internacional Simón Bolívar para ser prostituidas en Perú. La trata de personas de origen venezolano en Perú ha aumentado 500% en los últimos ocho años, las cifras de las autoridades de ese país reflejan que 85% de las víctimas son venezolanas.
Otro hecho que destaca es el aumento de niñas y adolescentes venezolanas migrantes y de menores de edad no acompañados en rutas migratorias lo que ha incrementado su vulnerabilidad como víctimas potenciales de trata de personas.
Dentro de las diferentes modalidades de trata la más frecuentes es la explotación sexual, la mendicidad ajena y la explotación laboral o servidumbre. Pero la otra modalidad que ha tenido auge es la captación de grupos criminales, bandas y paramilitares como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que controlan el tráfico fluvial y fronterizo, reclutando a jóvenes y niños con engaños y coacciones.
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